Si el Mello Cotes hubiese sido elegido Gobernador del Magdalena, en este momento estaría presentándose una crisis gubernamental en el depatamento, pues la Procuraduría General de la Nación confirmó el fallo del pasado 30 de septiembre, en el que sancionaron en primera instancia, tanto a Luis Miguel Cotes, como a Rosa Cotes, ambos exgobernadores del Magdalena, por irregularidades en la Vía de la Prosperidad. 

La decisión fue tomada en segunda instancia por la Sala Disciplinaria del Ente de Control Disciplinario, en un documento de 42 páginas en el que se ratifica la decisión que había sido apelada.

El órgano de control había formulado pliego de cargos en contra de estos exfuncionarios en junio del año pasado. En ese entonces, cuestionó una posible transgresión de los investigados a los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal y de eficacia de la función administrativa, ante las deficiencias presentadas en la implementación y ejecución del proyecto que pretendía el mejoramiento de la vía Palermo – Sitionuevo – Remolino y Guaimaro en Magdalena.

El ente de control también mencionó en su momento presuntas faltas técnicas en la planeación del proceso de construcción del corredor vial, que se habría realizado con estudios y diseños desactualizados, elaborados en 2008 y 2009 para ser ejecutados a partir del año 2013, sin tener en consideración la ola invernal de 2010 y 2011, que cambió las condiciones físicas de la carretera; y la utilización de un presupuesto desfasado y sin sustento, en el que se modificaron las especificaciones del material que se proponía utilizar.

A juicio de la Procuraduría, al parecer, no se cumplieron los fines del proyecto Vía de la Prosperidad, por las presuntas deficiencias en la planeación contractual, que le sería imputable al exgobernador Luis Miguel Cotes, lo que habría afectado el alcance físico del proyecto que pretendía intervenir 52.6 kilómetros de carreteable, en tres tramos.

En la decisión de segunda instancia, la Procuraduría manifestó tener "certeza" de que Luis Miguel Cotes "inobservó el cuidado necesario de verificar los asuntos puestos a su consideración, toda vez que una persona en las mismas circunstancias hubiera verificado si el departamento podía realizar y ejecutar ese proyecto de inversión con los recursos que le estaba presentando Invías". También aseguró el ente de control que el Mello Cotes "confió en unos estudios y diseños que habían perdido vigencia". 

En el caso de Rosa Cotes, como ya lo había mencionado este medio digital, la Procuraduría tuvo en cuenta que la regularización que hizo la entonces gobernadora "fueron tardías, lo que conllevó a que el propósito de la obra no lograra sus objetivos y fines".